El Partido Popular (PP) ha expresado su preocupación sobre la próxima regularización, advirtiendo que podría convertirse en “un coladero de delincuencia”. La formación política señala que la empresa pública Tragsa, que ha sido objeto de controversia por su relación con la expareja de Ábalos, será la encargada de gestionar este proceso.
Además, Tragsa recibirá 4 millones por su participación en la regularización, lo que genera más inquietudes sobre la transparencia y la eficacia de la gestión que liderará Cuca Gamarra en este ámbito. Las críticas del PP reflejan un creciente debate sobre la seguridad y la legitimidad de la regularización.